Como venimos haciendo con todas las guías que publicamos, recomendamos a todas las personas que nos leen que no dejen de tener en cuenta la normativa específica que regula cada tipo de procedimiento. En este caso, explicaremos la Ley de la Memoria Democrática.

La Ley 20/2020 de 19 de Octubre es una Ley que se crea como necesidad de sustituir a la Ley de Memoria Histórica 52/2007 y cuyo objetivo no es otro que recuperar la memoria democrática en España. La Ley quiere dar un reconocimiento a los que sufrieron persecución por razones políticas e ideológicas y darles una reparación moral.

Pero, concretándonos en la nacionalidad española por aplicación de la Ley de Memoria Democrática podrán optar por la misma:

  • Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
  • Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
  • Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente.

Se trata de la normativa básica que regula todo el trámite del arraigo social. En esta guía analizaremos todo el procedimiento, paso a paso, para solicitar el permiso de residencia por arraigo social, pero, en caso de tener otro tipo de dudas, siempre está bien saber a qué normativa remitirse en concreto.

¿Cómo acreditar la condición de exiliado?

Uno de los problemas que más interés suscita es cómo acreditar la condición de exiliado, para ello debe tenerse en cuenta dos etapas diferentes:

  • ​​1.- Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
  • 2.- Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado, por alguno de los siguientes documentos:
  • Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.
  • Documentación de la Oficina Internacional de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias.
  • Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio.

Procedimiento para solicitar la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática

La nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática se adquiere por opción, que es un modo de adquisición de la nacionalidad española que requiere la voluntad expresa de la persona interesada, formulada ante el Encargado del Registro Civil que corresponda al domicilio.

Así mismo las personas que adquieran la nacionalidad por esta vía, la obtendrán con un tratamiento más beneficiosos

  • Será una nacionalidad de origen.
  • No requerirá la renuncia a la nacionalidad anterior.
  • No tendrá límite de edad para su ejercicio.

La documentación se presentará en el Registro Civil donde resida el solicitante o en el Consulado de España de donde tenga el solicitante su residencia.

Todas las solicitudes serán transmitidas al Registro Civil Central que será el competente para su resolución.

¿Qué documentación a presentar de manera general para solicitar la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática?

  • Modelo cumplimento (Según Anexo contenido en la Ley).
  • Empadronamiento en la comunidad de que se trate.
  • Documento que acredite la identidad del solicitante.
  • Certificado literal de nacimiento del solicitante, expedido por el Registro Civil local en el que conste inscrita.

¿Cuáles son los plazos?

El plazo para presentarlo son dos años a partir de la vigencia de la ley, aunque se ha aprobado una ampliación de un año más (2025).

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